El título de esta entrada es una de la preguntas que recibo con frecuencia y más ahora, con motivo de la situación ocasionada por el COVID-19

Las deudas contraídas con las entidades bancarias a través de tarjetas, pueden verse afectadas por las medidas urgentes de protección a consumidores, dictadas en el estado de alarma.

En concreto, el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, establece en su art. 21 una serie de medidas para las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

Estas medidas buscan la suspensión TEMPORAL de la obligación de pago de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria, vigentes a la fecha, en los que el deudor sea una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Dentro de este tipo de deudas se encuentran las contraídas a través de tarjetas, bien sean revolving o de otro tipo (así como otro tipo de préstamos, no los hipotecarios, rigiéndose los de este tipo por su propia legislación.)

Pues bien, los deudores pueden solicitar hasta UN MES DESPUES DEL FIN DE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA, la suspensión de la obligación de pago.

Para la concesión de la suspensión, hay que acreditar encontrarse en situación de VULNERABILIDAD ECONOMICA, que en  líneas generales  precisa :

a) estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufrir una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.

b) que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria unos ingresos determinados que con carácter GENERAL no pueden superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).  Esto es 1.613,52 €

c) que el total de las cuotas de préstamos, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos de la unidad familiar.

Cuando hablamos de gastos y suministros básicos, nos referimos a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios, siempre relativos a la vivienda habitual.

d) que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda

Para la concesión de la suspensión habrá que solicitarla  a la entidad acreditando la situación de vulnerabilidad económica y el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito, sin necesidad de modificación contractual alguna (es decir, sin necesidad de FIRMAR NADA POR PARTE DEL DEUDOR)

De esta forma, durante el periodo de la SUSPENSION, el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.

No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.

La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

Por lo tanto, y sin perjuicio de las soluciones que se irán facilitando en PROXIMOS CAPITULOS a los largo de ESTA SEMANA, es interesante solicitar la suspensión de pago de la deuda contraída con tarjetas revolving.

Esperando haber sido de ayuda, no dudes en continuar siguiéndome

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